La CIDH ha seguido los tipos de indicadores propuestos por la ONU. Por eso hablamos de tres tipos de indicadores: de estructura, proceso y resultado. Los indicadores de estructura hacen referencia a como se organiza el aparato del Estado para realizar los derechos. Inquiere sobre la existencia de agencias, instituciones, planes, servicios, estrategias, normas. Los indicadores de proceso procuran medir la calidad y magnitud de las intervenciones estatales. Inquieren por ejemplo sobre la evolución en el alcance o la cobertura de los programas o servicios. Son los indicadores dinámicos, que miden evoluciones y regresiones, y por eso suelen requerir referencias temporales o líneas de base. Por último los indicadores de resultado, procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del estado sobre la realización de los derechos. No es el impacto sobre el desarrollo económico y social sino sobre la realización del derecho, por eso considero que son los indicadores más difíciles de diseñar.
Cada tipo de indicador a su vez lo desagregamos en tres categorías, que procuran organizar la información resultante en tres niveles. La primera categoría es la recepción del derecho. Allí agrupamos la información relativa al grado de reconocimiento de ese derecho en el sistema jurídico del Estado. Si está reconocido en la Constitución, en normas inferiores, si es aplicado por la jurisprudencia, si el derecho se considera operativo, justiciable o no, etc. La segunda categoría se refiere a las capacidades estatales. Ello pues sabemos que en nuestro hemisferio la debilidad del Estado es un problema clave para la vigencia de los derechos sociales. De allí que no basta con saber si hay agencias y programas, sino que resulta necesario pedir información relevante para medir la calidad institucional, la inserción de esas agencias en la estructura del Estado, la existencia de sistemas de fiscalización, los problemas de accesibilidad, segmentación y desarticulación de los servicios públicos. La última categoría es el compromiso presupuestario, que sirve para dimensionar los esfuerzos estatales y medir niveles de voluntad política con ciertas acciones y programas que pueden ser expuestos por los Estados. En cierta medida se vincula con la de capacidades estatales.
PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS (CAJP) DE LA OEA EN SU SESIÓN DEL 23 DE JULIO DE 2008, DEL DOCUMENTO “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE PROGRESO SOBRE DERECHOS ECÓNOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES” ELABORADO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
COMISIONADO VÍCTOR ABRAMOVICH, MIEMBRO DE LA CIDH
