Desde el punto de vista de los derechos humanos, el Estado debe garantizar la participación de todos los habitantes en la vida política, económica, social y cultural del país. La forma de lograrlo es mediante la aplicación de políticas públicas. Por eso, estas involucran tanto a los funcionarios, técnicos y al Estado, como a todos los miembros de la sociedad civil, porque ellos son sus protagonistas. La realidad es que la sociedad se encuentra dividida en sectores, agrupados por diferentes razones. Las políticas públicas suelen dirigirse a un sector en particular de la sociedad, aunque en realidad todos sienten sus consecuencias luego, con más o menos magnitud y a menor o mayor plazo.
Mediante las acciones de promoción y difusión de los derechos humanos, la población puede conocer cuáles son sus derechos, reconocer cuando estos son violados y saber cuáles son las vías adecuadas para denunciar esta situación.
En cuanto a la protección de los Derechos Humanos por parte del gobierno, cuenta con varios departamentos encargados de hacerlo, como la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (que es quien, a nivel nacional, se encarga de la protección, defensa y concientización de estos derechos), la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (que se responsabiliza a nivel internacional), y el Defensor del Pueblo de la Nación (institución autónoma que protege los derechos humanos garantizados constitucionalmente y supervisa el ejercicio de la administración pública en conjunto con el Congreso).
Respecto a los Derechos Humanos en el plano domestico, el gobierno de la Nación en su página Web[1] incluye un sector en el que explicita las políticas públicas llevadas a cabo en su defensa. Primero se indica, como definición, que todos los seres humanos somos susceptibles de gozar estos derechos sin importar la diferencia racial, cultural, de nacionalidad o de religión que exista. Indica además que los derechos humanos son patrimonio de la Humanidad y que trascienden los límites de nuestro país. En forma más concreta y haciendo una introducción a la historia, habla de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufrieron los civiles en forma de terrorismo de estado y también de la crisis política, institucional y económica de diciembre de 2001. A razón de esto, la protección de los derechos humanos, individuales y colectivos está vinculada a la recuperación de la legitimidad de las instituciones y de la confianza de la población en el sistema democrático.
La primera medida que se nombra es la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (las cuales exculpaban a militares de rangos bajos) a través del fallo “Simón, Julio y otros” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005[2], mediante la cual se deja la posibilidad de que se reabran los juicios contra militares, que fueron interrumpidos hace casi 20 años, y no se llegó a sentencia judicial.
Otras medidas concernientes a la revalidación de los derechos violados durante el gobierno militar de fines de los ´70 y principios de los ´80 son varias leyes promulgadas en el mismo año que se falló “Simón”, a las que en la Secretaria de Derechos Humanos[3] se las llama “políticas reparatorias”, son:
· La ley 24.043, que prevé una reparación patrimonial para quienes estuvieron detenidos en el periodo noviembre 1974 – diciembre 1983 por disposición del Poder Ejecutivo o de algún tribunal militar. Para aquellos que murieron o sufrieron lesiones gravísimas durante el cautiverio se prevé una reparación más alta. La denuncia se pudo hacer hasta enero de 2007.
· La ley 24.321, que crea la figura legal de “ausente por desaparición forzada”. La Secretaria misma, el Consejo Federal de Derechos Humanos y las ONG´s de Derechos Humanos reciben las solicitudes y la Secretaria emite un certificado de presentación de la denuncia.
· La ley 24.411, que establece un beneficio para los hijos de personas desaparecidas o muertas como consecuencia de las represiones, hasta diciembre de 1983. Se pudo solicitar la indemnización hasta enero de 2007, también.
· Por último, la ley 25.914, que establece beneficios para aquellos que nacieron mientras sus madres estaban en cautiverio o que siendo menores permanecieron detenidos por sus padres – si estos estaban detenidos por razones políticas por disposición del Poder Ejecutivo o de los tribunales militares. Este beneficio también se otorga a quienes fueron víctimas de sustitución de identidad.
Otra forma que establece el gobierno para validar los derechos de sus ciudadanos – y ahora hablando de “ciudadanos” en forma genérica y no haciendo referencia solamente a quienes fueron víctimas de las represiones de los gobiernos militares, aunque la mayoría de estas creaciones sean referentes a lo ocurrido durante el periodo de gobiernos militares – es mediante la creación de puntos de interés y de cultura para todos los ciudadanos. Estos son:
· Museos y lugares de interés, como el predio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, el Museo de la Memoria de Rosario, el Museo de la Memoria del Chaco, el Museo del Holocausto y el Parque de la Memoria.
· Fuentes de información y bibliografía, como la Biblioteca y Centro de Documentación “Monseñor Angelelli”, la Sección bibliográfica de Abuelas de Plaza de Mayo y la Biblioteca Digital por la Identidad.
· Archivos, como el Archivo Nacional de la Memoria, la Violación a los Derechos Humanos en la Argentina (1975-1984) y la Memoria del Mundo.
· Normas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas de carácter nacional e internacional sobre el tema.
El sitio web en cuestión tiene además algunos recuadros al costado, en los cuales se ofrecen diferentes servicios a quienes visitan la página:
· Se puede ver en la web de la CONABIP los derechos que están involucrados en los derechos humanos.
· En el sector de “novedades”, las hay acerca de juicios en trámite a algunos militares de alto rango, también acerca de fallos de equidad de género, también hay una nota sobre la aprobación del comité del Premio Nobel de la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo para dicho premio por la paz y la noticia de que se lanzó una revista online “Cuadernos del INADI” para ver cómo defender los derechos humanos de todos los ciudadanos.
· En el sector de “agenda” esta la dirección del Centro de Denuncias y Orientación Ciudadana que recibe denuncias sobre la violación de los derechos humanos fundamentales amparados en la Constitución Nacional.
· Y por último, hay mas recuadros que mencionan el Día de los Derechos Humanos, qué son los Crímenes de Lesa Humanidad, la Trata de Personas, el Día Mundial del Refugiado, la Comisión Cascos Blancos, ayuda para los Veteranos de la Guerra de Malvinas e información de contacto con organismos públicos relacionados con los derechos humanos, tales como la Secretaria de Derechos Humanos que ya mencionamos y el CONADI.
El actual gobierno nacional, por las razones que sean, parece estar muy interesado en revalidar los Derechos Humanos de sus ciudadanos, empezando por los que fueron, a su criterio, los mas lesionados (las víctimas de la represión militar de fines de los ´70s y principios de los ´80s) pero también teniendo en cuenta a algunos otros sectores de la sociedad.
Claro está que las políticas públicas deben ser emitidas por el gobierno, pero no hay monopolio respecto a la investigación, publicación de informes y aconsejamiento. En el país operan muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, dedicadas a la protección de los derechos humanos. Las principales son las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, entre otras.
Periódicamente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)[4], les indica a los países las recomendaciones de los comités existentes, para que estos mejoren la protección de los Derechos Humanos en su interior. Los temas recurrentes son Población y Desarrollo, Salud Sexual y Reproductiva, Promoción de la Igualdad de Género, Protección de los Pueblos Indígenas, Protección a los Adolescentes y Jóvenes y Protección a las Personas con Discapacidad.
